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Qué proponemos

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Una red plural de centros educativos es indispensable para la libertad de enseñanza.
Los padres tenemos el derecho primario a educar a nuestros hijos

Los poderes públicos deben reconocer el derecho y deber primarios que corresponde a la familia sobre la educación de los hijos. Las administraciones públicas tienen una función subsidiaria respecto de la iniciativa de los padres y de la sociedad.

Los padres tenemos el derecho a elegir escuela

Los padres tienen derecho a elegir escuela para sus hijos, de acuerdo con sus convicciones y preferencias morales, religiosas, filosóficas y pedagógicas, sin más límites que los impuestos por el ordenamiento constitucional: el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (cfr. art. 27, 2 y 3 de la Constitución). La planificación del sistema educativo debe seguir la libre elección del centro escolar que desean los padres para sus hijos, de acuerdo con sus convicciones y preferencias morales, religiosas, filosóficas y pedagógicas.

Nadie puede imponer a la familia un modelo único de escuela

Nadie puede imponer a las familias la escuela pública o la privada; enseñanza laica o fundada en valores religiosos; escuela mixta o de educación diferenciada, porque los padres son los titulares del derecho a elegir el colegio que consideren idóneo para la educación de sus hijos y, en particular, si desean que reciban enseñanza de la religión en la escuela.

Una red plural de centros educativos es indispensable para la libertad de enseñanza

Debe garantizarse una red plural de escuelas, resultado de la libertad de creación y de dirección de centros docentes dotados por su titular de un carácter propio basado en un proyecto coherente, tolerante y respetuoso con los derechos del hombre, que son elegidos libremente por los padres.

Queremos una educación de calidad, que atienda a cada persona.
Facilitar la igualdad de oportunidades no es uniformidad: cada alumno ha de poder desarrollar al máximo sus cualidades y su capacidad de esfuerzo

La equidad y la igualdad son presupuestos del derecho a la educación en libertad, pero no debe confundirse la igualdad de oportunidades con la pretensión de imponer un sistema uniforme de enseñanza: la verdadera equidad no es uniformidad, sino que consiste en atender la diversidad, de modo que cada alumno desarrolle sus cualidades y su capacidad de esfuerzo, aprenda a servir a los demás y a respetar a todos en una sociedad plural y libre.

Queremos una educación de calidad, que atienda a cada persona

Es necesaria una educación de calidad que atienda a cada persona y tenga como "objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales" (art. 27, 2 de la Constitución). Deseamos una educación coherente que ayude a los alumnos a desarrollar su libertad y responsabilidad, el respeto a los demás y la solidaridad, el rigor intelectual y la honradez para buscar la verdad y actuar en consecuencia.

La gratuidad de la enseñanza básica es un derecho constitucional y debe seguir a la libre elección de las familias, no a la titularidad pública o privada del centro

El derecho a la gratuidad de la enseñanza básica, garantizado en el artículo 27, 4, ha de ser efectivo: los conciertos, o cualquier otro sistema de financiación entre los posibles, han de seguir la demanda de las familias y responder en su cuantía a los costes reales de la enseñanza. El destino de fondos procedentes de los impuestos de los ciudadanos para hacer posible el derecho a la educación se justifica como consecuencia de la opción libre de los padres al elegir el centro educativo que desean para sus hijos y no por la titularidad pública o privada de la escuela. Por tanto, si un centro de enseñanza primaria o secundaria tiene demanda suficiente y cumple con los requisitos legales exigidos, los poderes públicos deben destinar los fondos necesarios para cubrir el coste real de la enseñanza en esas plazas escolares.

Nadie puede imponer a la familia un modelo único de escuela.
Nadie puede obligar a que las convicciones religiosas o filosóficas de las familias queden fuera de la escuela. Los centros deben responder al pluralismo de los ciudadanos

La aconfesionalidad obliga al Estado y a los poderes públicos a mantenerse neutrales ante las opciones religiosas o agnósticas de los ciudadanos, por lo que serían intolerantes si pretendiesen imponer al conjunto de los ciudadanos una opción laicista, argumentando que algunos no tienen fe religiosa. Nadie puede obligar a que las convicciones de las familias queden fuera de la escuela, sino que se debe hacer posible la existencia de centros que respondan al pluralismo de los ciudadanos y permitan asegurar a las familias el tipo de educación que desean para sus hijos, de acuerdo con sus convicciones.

Una educación de calidad exige la colaboración entre familia y escuela

Entendemos que sólo es posible una educación libre y de calidad si los padres toman parte activa en el proceso de formación de los hijos, con una verdadera colaboración entre la escuela y la familia, en el marco del carácter propio del centro, que debe aceptarse por todos como garantía de la coherencia del proyecto docente elegido. Sólo así será posible una educación personalizada que atienda a la diversidad de los alumnos.

Reforzar la autonomía y responsabilidad de la dirección de los centros

En este proceso es imprescindible reforzar la autonomía de la dirección de los centros públicos y privados, y mejorar la consideración social y económica de los profesores, que han de contar con los medios necesarios para alcanzar un alto grado de excelencia, ética y profesional.